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El Gobierno aprueba la nueva convocatoria de ayudas con cargo al IRPF por la que se destinarán más de 231 millones de euros a mantener programas de ONG

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El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros de 13 de mayo de 2016, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la nueva convocatoria de subvenciones para ONG con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ayudas que benefician cada año más de 6 millones de personas.

Este año se repartirán 231,29 millones de euros, unos 10 millones más que en 2015, para subvencionar programas de entidades del Tercer Sector que se ejecutarán, por lo general, en 2017. Esta cantidad procede del 0,7% del IRPF de los contribuyentes que marcan la casilla “Actividades de Interés general consideradas de Interés Social”.

La resolución de convocatoria aprobada hoy regula, entre otras cuestiones, la finalidad de las subvenciones, las características de los proyectos, los requisitos de los beneficiarios, así como el procedimiento de solicitud, concesión, justificación y control de subvenciones.

CUATRO MILLONES DE CAUDAL HEREDITARIO

A esta cantidad habrá que sumar, como novedad para esta convocatoria, las dos terceras partes del valor del caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado. Se estima que esta cantidad asciende a los 4 millones de euros, aunque podría ser superior, por lo que serán en total 14 millones más los que se repartirán en 2016.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad inició los trámites para lanzar la convocatoria de este año una vez conocida, en el mes de marzo, la sentencia del Tribunal Supremo que avala esta convocatoria y da luz verde a estas subvenciones estatales para el Tercer Sector.

TRES EJES DE ACTUACIÓN

El año pasado se repartieron casi 221 millones de euros a 470 entidades sociales de toda España, cuantía que ha servido para impulsar 1.272 proyectos que se dividen en tres ejes de actuación: atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral y fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.

Los programas a los que se les da prioridad son los dirigidos a la atención de las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza, como programas de prevención y la lucha contra la exclusión social, y los de infancia y familia.